El Socialismo insistirá con la Ley de Educación Sexual Integral en Santa Fe

La diputada del bloque Socialistas, Gisel Mahmud, afirmó que "la provincia de Santa Fe no puede demorar más la solución de fondo a una problemática que se agrava a medida que el tiempo pasa. Es fundamental contar con una ley de Educación Sexual Integral (ESI) porque es la herramienta para que niños, niñas y adolescentes conozcan sus derechos, identifiquen las situaciones de violencia y abuso, y puedan romper el silencio para pedir ayuda".
En mayo, la legisladora presentó un proyecto de ley para que los y las jóvenes de la provincia tengan derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada. Se trata de la propuesta del ex diputado "Paco" Garibaldi que había obtenido media sanción 2018, pero luego perdió estado parlamentario en el Senado provincial por falta de tratamiento.

En ese marco, Mahmud adelantó que este miércoles la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados recibirá a organizaciones sociales vinculadas al tema, y luego será el turno de representantes de centros de estudiantes secundarios y terciarios; y especialistas en educación sexual.

"Los datos publicados por el gobierno anterior, a partir de la implementación del Programa de ESI, reflejan el agravamiento de los indicadores entre 2018 y 2019 y, por lo tanto, la urgencia para encarar a fondo esta cuestión. Ya no basta un programa que quede librado a la voluntad política del gobierno; es necesaria una ley que garantice el derecho de niños, niñas y adolescentes a la información para saber cómo actuar sobre la base de conocimientos seguros, científicos y acordes a la edad, con la idea de aprender el respeto a la diversidad, la convivencia y el cuidado mutuo. Son sujetos de derecho y no sujetos de tutela. Es decir, el Estado no puede decidir sobre ellos sin más, sino que deben ser oídos y oídas, y sus opiniones cuentan cuando se toman decisiones que los y las afectan", sostuvo la legisladora.

Según datos publicados en diciembre de 2019 por el Ministerio de Educación de Santa Fe, durante el ciclo lectivo de ese año se detectaron 493 situaciones de abuso sexual infantil y adolescente, y 507 de violencia en el entorno familiar. En 2018, los equipos socioeducativos del ministerio habían registrado 422 y 480 casos para esas mismas categorías.

Los casos fueron relevados a partir del relato de niñas, niños y adolescentes y de la escucha de docentes, quienes ante la sospecha de abuso o violencia tienen la obligación de denunciar.

A partir de la ley nacional sancionada en 2006, que establece que "todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada", el gobierno de Santa Fe empezó a implementar la ESI en 2008 a través de la capacitación de docentes y se convirtió en una herramienta clave para detectar abusos sexuales y violencia familiar. En 2012 incluyó a integrantes de los centros de estudiantes, quienes fueron los principales demandantes de educación sexual en la escuela. La ESI se aplica desde el jardín hasta los institutos terciarios.

La Ley provincial que no fue

"El proyecto anterior fue fruto de un amplio consenso y recibió un tratamiento positivo, que llevó a su aprobación en la Cámara de Diputados. Lamentablemente, pese a la media sanción que recibió en junio de 2018 luego perdió estado parlamentario en el Senado. Por eso consideramos importante volver a poner en debate esta iniciativa, convocando a que vuelvan a establecerse los consensos necesarios en el cuerpo", indicó Mahmud.

La iniciativa –argumentó- apunta a "formalizar el trabajo que la provincia ya había iniciado fijando la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar el derecho a la Educación Sexual Integral, a la vez que promover y ampliar derechos de las niñas, niños y adolescentes para recibir información sobre diversidad sexual, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Poder detectar situaciones de vulneraciones de derechos y violencias, y a partir de eso saber cómo denunciarlo. La comunidad educativa juega un rol importante en ese sentido".