San Lorenzo: Investigan al Intendente por encubrimiento agravado

La Justicia federal investiga a una banda de San Lorenzo que está sospechada de captar, acoger, trasladar y explotar sexualmente a mujeres, así como también a vender drogas. La organización criminal, de acuerdo a la instrucción, está integrada por al menos 12 personas. El intendente de la vecina ciudad del cordón industrial, Leonardo Raimundo, está mencionado como presunto encubridor.

Según informaron fuentes judiciales a Rosario3.com, la causa se originó a partir de una denuncia en San Nicolás de una víctima de esta red de trata liderada por una señora apodada “Mamu”. La mujer relató que tras separarse de su pareja y ser víctima de violencia de género consiguió trabajo en San Lorenzo. Desde allí se sospecha que funciona un prostíbulo encubierto.

Los fiscales Claudio Kishimoto, de la Fiscalía Federal 2 de Rosario, Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), aseguraron que la organización funciona desde al menos febrero del año pasado y solicitaron hace varios meses que los sospechosos sean llamados a declaración indagatoria.

Según la evidencia recabada, la venta de estupefacientes se lleva en el falso drugstore y en casas linderas. En tanto, los “pases” (servicios sexuales) se concretan en tres hoteles sanlorencinos: Maracaibo, Triángulo y California. Las copas tienen un valor estimado de 25 dólares y los “pases” de 100 dólares.
La banda de la “Mamu”, siempre según la instrucción, cuenta también con el apoyo logístico de un grupo de personas dedicadas al transporte de pasajeros y que se movilizan en taxis. Participan en las actividades buscando a los “clientes” en el puerto de San Lorenzo. Desde allí los llevan al falso drugstore y luego a los hoteles junto con las víctimas para concretar los “pases”. La participación de este eslabón es remunerada con una comisión aproximada de 20 dólares, siempre según la conclusión de los fiscales.

Según la sospecha de los fiscales, Raimundo “al menos habría cometido actos en infracción a los delitos de encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

“Su ayuda, concretamente habría consistido en garantizar a los miembros de la organización la continuidad de la explotación sexual de mujeres como así también la impunidad de quienes llevaban a cabo la actividad, a través de acciones tendientes a que ningún agente del municipio que preside lleve a cabo las debidas inspecciones y consecuente clausura del lugar; y lo mismo habría realizado con respecto al personal policial de las diversas fuerzas de seguridad que tienen jurisdicción en su municipio”, expresa la instrucción.

“No existen dudas de que la explotación sexual de las víctimas se dio en un local que se encontraba en funcionamiento por falta de control y consecuente clausura por parte del Estado Municipal, pese al conocimiento que el propio intendente tenía acerca de los hechos que ocurrían en el lugar”, agregaron.

“Como autoridad suprema del Municipio tenía a su alcance las herramientas necesarias para poder tomar medidas tendientes a poner fin al padecimiento sobre la integridad física y psíquica de las mujeres en situación de explotación y pese a ello, no sólo no tomaron ningún temperamento en tal sentido, aumentando así el riesgo de violencia sexual sobre las víctimas, sino que fomentó aquel padecimiento, en su rol cliente/prostituyente”, subrayan los investigadores.