Imputarán al ex fiscal Serjal no perseguir grave delito ambiental en Petroquímica Bermúdez

Dio una instrucción particular para cerrar el caso de tratamiento de sustancias tóxicas en la ex Electroclor en un legajo con prueba abundante

El ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, preso desde agosto por cobrar retornos para garantizar el negocio del juego ilegal, será llevado a audiencia imputativa por un delito idéntico pero de mayor gravedad: incumplir las obligaciones de perseguir a una importante empresa del Cordón Industrial a la que se le detectaron alarmantes niveles de contaminación a partir de su actividad.

Serjal está citado a audiencia imputativa para el miércoles próximo en San Lorenzo por un episodio ocurrido hace dos años que implicó no perseguir un grave delito ambiental. En septiembre de 2018 un fiscal de San Lorenzo allanó el predio de Petroquímica Bermúdez tras una denuncia de la Fiscalía de Estado. La fiscal rosarina Verónica Caíni había ordenado un relevamiento en la planta que implicó además tomas de muestras del suelo.

El resultado de esas muestras, según fuentes judiciales, arrojaron niveles de contaminación con riesgo contra la salud humana en esa planta ubicada entre Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez, que presidía el empresario Sergio Taselli. En esa empresa había funcionado la ex Electroclor y allí se producía hipoclorito de sodio y cloro envasado. En el legajo del caso se acumularon elementos que dejaban en claro que había un tratamiento negligente o delictivo de sustancias tóxicas en área urbana.

El Taller Ecologista había advertido al área de Medio Ambiente de la provincia en 2016 sobre ese serio desmanejo y sus efectos para la salud de la población. Indicaron que se había constatado la presencia de tubos y tanques rotulados como cloro y benceno. El gobierno provincial tomó la denuncia y la impulsó a través de Fiscalía de Estado.

Pero el trámite que llevaban a cabo en conjunto un fiscal de San Lorenzo y la fiscal de Delitos Ambientales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) súbitamente se paralizó. El fiscal sanlorencino Juan Carlos Ledesma consideraba que existían méritos probados para avanzar con el caso. Pero mediante una instrucción particular el fiscal regional Serjal ordenó el cierre del caso por aparente inexistencia de delito o interés persecutorio.

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