Allanamientos por narcotráfico en Oliveros

La distribución de droga con modalidad de "bombardeo" y un posterior accidente que se cobró la vida de dos involucrados en la ciudad santafecina de Cañada de Gómez (2020), fue el puntapié inicial que dio origen a las tareas de inteligencia criminal a través de las cuales se descubrió la existencia de una organización ilícita cuya consolidada estructura de lavado de activos, y la creación de empresas fantasmas de exportación de granos, les permitiría adquirir aeronaves para realizar vuelos clandestinos y transportar estupefacientes desde Santa Fe hacia distintos puntos del territorio argentino, como así también su exportación hacia Europa por la hidrovía.

Asimismo, la investigación llevada a cabo permitió corroborar el vínculo con los dueños de un country (testaferros) ubicado en la localidad de Oliveros, sitio que cuenta con un aeródromo privado. Tras inspeccionar el hangar y demás domicilios, los funcionarios decomisaron tres aeronaves, un remolcador, vehículos, armas de fuego, dinero en efectivo, dispositivos tecnológicos y documentación relevante para la causa.

En el marco de una causa por Tránsitos aéreos irregulares, contrabando de estupefacientes y lavado de activos, personal de Gendarmería Nacional comenzó con las pesquisas sobre el posible traslado de cocaína desde el Estado Plurinacional de Bolivia, mediante las rutas terrestres, con una flota de taxis; y aéreas, utilizando aeronaves (con matrículas y banderas adulteradas) propias de una organización narcocriminal. La misma estaría integrada por personas de distintas nacionalidades con presuntos antecedentes por contrabando de estupefacientes y con conocimientos aeronáuticos, eficaces para realizar vuelos a cierta altura, capaces de garantizar la evasión de radares y controles aéreos en un circuito de distribución desde Santa Fe hacia diferentes provincias del país, y luego a Europa por la hidrovía.

Efectivos de Gendamería avanzaron con una investigación de tres años, dieron cumplimiento a una orden judicial, que ordenaba el registro de un hangar privado (ubicado en un country club de campo y golf de la localidad de Oliveros), lugar utilizado por los involucrados para aterrizar con la excusa de "ver campos" y en el que en las distintas ocasiones de uso, permanecerían por cierto tiempo a puertas cerradas, lo que resultaba llamativo por tratarse de un sitio descampado que incluso contaba con seguridad propia y cámaras de vigilancia.