Santa Fe busca una Constitución verde: desafíos y oportunidades en la gestión de residuos

La provincia de Santa Fe avanza en una reforma constitucional histórica que busca incorporar principios ambientales de gran relevancia en materia legislativa. Entre los puntos más destacados que se vienen debatiendo aparecen: garantizar el derecho a un ambiente sano, proteger los recursos naturales, en especial el agua, y reconocer la urgencia de adaptarse a la crisis climática. El proyecto propone incluso la integración de la perspectiva climática en políticas públicas, en línea con compromisos internacionales y que los municipios implementen políticas de protección ambiental y acción climática según sus competencias..

La discusión se da en un escenario crítico ya que en Argentina existen más de 5.000 basurales a cielo abierto, mientras que en la provincia de Santa Fe el relleno sanitario de la capital ya se encuentra cerca de su límite y debería reemplazarse hacia 2027. En paralelo, un informe de los Observatorio de Residuos Peligrosos de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) advierte que de las 25 millones de toneladas de residuos industriales generados en el último año, apenas un 4% fue tratado de manera adecuada, lo que significa que el 96% se descarta sin control, agravando los problemas de contaminación del suelo y el agua.

El escenario es complejo y requiere de esfuerzos conjuntos para lograr una gestión sostenible, que combine modernización normativa, control efectivo y responsabilidad empresarial. Desde la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) y la Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa), advierten que el desafío no está solo en las declaraciones de principios, sino en la implementación efectiva de políticas de control y sanción.
“Hoy el derecho al ambiente sano se ve violado y cercenado por algo que desde las cámaras venimos denunciando hace años y es la contaminación por el vuelco ilegal de residuos. La mayoría de las industrias no los gestionan correctamente, los descartan en basurales o rellenos sanitarios. Apoyamos la reforma, pero es imprescindible que venga acompañada de un sistema más estricto de fiscalización y sanciones”, sostuvo Claudia Kalinec, presidenta de la Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales

Residuos que no se tratan

Los datos que aportan las cámaras, en conjunto con los Observatorios de Residuos UBA-UNR, con quienes trabajan desde el año 2022 en la confección de un índice de generación y tratamiento, son alarmantes: en el último año solo el 9,22 % de las industrias trataron sus residuos peligrosos, no peligrosos y especiales.
En este sentido, Kalinec reclama que la reforma constitucional santafesina venga acompañada de instrumentos de aplicación real. “Hace falta un sistema claro de infracciones y multas, con sanciones más caras que la gestión del residuo. De otro modo, muchas empresas seguirán eligiendo volcar ilegalmente antes que pagar por un tratamiento adecuado”, señaló la referente de Catries.

El presidente de Caitpa, Gustavo Solari, coincide en que el avance normativo debe ir acompañado de un esquema de control más estricto. “Las declaraciones son importantes, pero lo que cambia la realidad son las herramientas concretas de gestión. El problema en Santa Fe y en todo el país es que el sistema de control es insuficiente: mientras no haya sanciones ejemplares, los basurales a cielo abierto y la contaminación de nuestros ríos y arroyos seguirán creciendo”, advirtió Solari.
Desafíos pendientes

Según analizaron ambos dirigentes, la reforma puede ser una oportunidad para establecer políticas de gestión metropolitana de residuos, como ya se discute en la ciudad de Santa Fe, donde el relleno sanitario, que recibe diariamente un promedio de 14 mil toneladas de basura, está al límite de su capacidad y se proyecta un nuevo sitio para 2027. Ahí es donde se ve la necesidad de coordinación entre municipios, provincia y Nación. Para las cámaras, una constitución moderna debería marcar ese rumbo, fijando lineamientos claros para la gestión integrada de los residuos y asegurando que las decisiones ambientales no queden libradas a parches locales o soluciones de corto plazo.

Se suma otra situación que complejiza el panorama: miles de industrias que aún operan fuera de los marcos formales de gestión de residuos. Según estimaciones realizadas por Catries y Caitpa, una parte significativa de los generadores industriales en la provincia no está registrada o bien no cumple con los requisitos de trazabilidad y disposición final segura. Esto implica que residuos de alta complejidad, entre ellos lodos de curtiembres, aceites usados, solventes, restos de agroquímicos y metales pesados, terminan en circuitos informales, basurales a cielo abierto o incluso mezclados con la basura domiciliaria.

Las cámaras celebran la modernización de la Carta Magna, pero coinciden en que la clave estará en traducir las nuevas declaraciones ambientales en acciones concretas: más fiscalización, sanciones efectivas y políticas regionales de tratamiento. “Se trata de un compromiso con las generaciones futuras. La Constitución puede marcar un rumbo, pero sin control real, seguiremos con los mismos problemas de contaminación que hoy denunciamos”, sostuvo Solari.

Avances y límites en la gestión provincial

En línea con la decisión de avanzar en mejoras ambientales y en reducir el impacto de la actividad industrial sobre la región, el Gobierno santafesino lanzó recientemente la Licencia Ambiental Digital, una plataforma online que agiliza los trámites, reduce tiempos y obliga a las industrias a mantener actualizada su documentación para acceder a esta certificación clave en materia productiva y comercial. Para Kalinec, se trata de un paso que va en la dirección correcta en el camino a tener una mayor fiscalización de la actividad de las empresas y los impactos que generan las mismas.
“Antes el trámite podía tardar años y hoy puede resolverse en días. Además, la licencia dura diez años, pero exige que la información esté siempre actualizada. Esto permite fiscalizar mejor, porque las industrias quedan en el sistema. Para tomar dimensión de cómo estaba la situación en gestiones anteriores, de unas 18 mil empresas, solo 2 mil estaban en el Sistema de Manifiesto Electrónico, que es el documento donde informa la trazabilidad del residuo peligroso, es decir su naturaleza y cantidad generada, su origen y la transferencia del generador al transportista y de éste a la planta de tratamiento. Ahora todas deberán registrarse digitalmente y eso obliga a que todas deban informar este proceso, generando que el tratamiento de los residuos sea formal y legal”, explicó.

No obstante, Kalinec destacó que el éxito de la medida dependerá de que haya controles en territorio y actualización permanente de los registros de infractores. “Si vas a hacer una declaración a favor del ambiente, hay que acompañarla con medidas concretas, como la creación de fiscalías ambientales. La salida está en combinar herramientas tecnológicas, inspección efectiva y sanciones reales para garantizar que la gestión de residuos deje de ser un problema y se convierta en un modelo de cumplimiento y responsabilidad industrial ”, remarcó la directiva.

Acerca de CATRIES y CAITPA

La Cámara Argentina de Tratadores y Transportistas de Residuos Industriales y Especiales (Catries) es un grupo de empresas de reconocida trayectoria dedicada a la logística y gestión integral de residuos industriales. Buscan desarrollar y promover la actividad, teniendo siempre como premisa el cuidado del ambiente, el cumplimiento de las normativas vigentes y los altos estándares de calidad.

La Cámara Argentina de Industrias de Tratamiento para la Protección Ambiental (Caitpa) reúne a empresas cuya actividad es la industria de tratamiento y transportistas de residuos industriales y patogénicos para la protección ambiental. Su misión es optimizar los sistemas de tratamiento de estos residuos, promoviendo inversiones y tecnología como respuesta a los desafíos que plantea el crecimiento sustentable, cumpliendo siempre las normativas vigentes.
El Observatorio de Residuos Peligrosos UBA-UNR es una iniciativa conjunta entre ambas cámaras, la Dirección de Sustentabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) El objetivo del Observatorio es contar con información que permita dimensionar la problemática de la generación y posterior tratamiento (o no) de residuos en el territorio argentino. Sin datos oficiales disponibles sobre el tema, la iniciativa busca llenar ese vacío, proveyendo información pública y confiable que contribuya al trazado de objetivos medioambientales